A raíz de los permanentes pronunciamientos del ex-presidente Alvaro Uribe en torno a decisiones administrativas del presidente Juan Manuel Santos, de cualquiera de sus Ministros o de los encargados de impartir justicia en Colombia , queda la sensación de que el ex-mandatario aun no se ha podido adaptar a la falta de poder.
Durante su gobierno, como es ampliamente conocido, sostuvo numerosos enfrentamientos con algunos dirigentes políticos y de manera especial con la rama judicial porque no se le atendía sus requerimientos para el favorecimiento de varios de sus cercanos, envueltos en problemas jurídicos.
Esta circunstancia llevó a observadores políticos del país a sostener que para el ex-presidente lo único importante era brindarle protección a sus allegados, así hubiera que valerse de artimañas jurídicas.
La investigación adelantada contra el-comisionado Restrepo ha exacerbado sus ánimos y le ha pedido de manera abierta al presidente Santos su intervención para que le ofrezca al ex-funcionario algún beneficio que le impida llegar a la cárcel, como lo busca la Fiscalía General por la falsa demovilización del Cacique Gaitana.
El Ministro Vargas Lleras le ha solicitado al ex-presidente Uribe que deje actuar a la justicia, que sea ella la que tome la última decisión en torno al caso Restrepo.
Para el ex-presidente, todos sus funcionarios tienen una intachable hoja de vida, así alguno de ellos se encuentren en la cárcel. Cómo lamenta no ser todavía el presidente.
EL ATROPELLO A LOS DÉBILES
El desagradable espectáculo registrado en Bogotá, en el Rafael Uribe Uribe, en donde con maquinaria pesada se procedió a derribar numerosas viviendas ante la resistencia de sus propietarios de evacuarlas pese a los requerimientos de las autoridades distritales, deja ver la indefensión de quienes en Colombia nada tienen.
La alcaldesa del lugar esgrimió razones de interés general para poner en marcha el plan de demolición de casas levantadas en terreno dispuesto en un comienzo para un parque, pero que urbanizadores piratas les vendiereon respaldados en falsos documentos de propiedad.
Esperemos que la acción interpuesta por la Corte Constitucional y que llevó a la suspensión de la masiva demolición , arroje positivos resultados y que se proceda en cambio, a sancionar a los responsables de tan tamaña estafa.
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